Los guardias asaltantes del 23-F no fueron procesados

El País - 22/02/2011 - Joaquín Prieto

Cuarenta guardias civiles penetraron en el hemiciclo del Congreso a las 8.50 del 24 de febrero de 1981, con armas en posición de disparo, y amenazaron a los diputados que permanecían secuestrados desde la tarde anterior. La irrupción de esa fuerza, que se unió a los que ya vigilaban a los parlamentarios, se produjo cuando Manuel Fraga se levantó de su escaño y lanzó en voz alta: "¿Puede la Guardia Civil tenernos como a una pandilla de forajidos a tantos hombres indefensos?", intervención que fue saludada con gritos de "!Muy bien, muy bien!" y vivas a la democracia y a España. Tras esa irrupción de hombres armados se produjo el conocido incidente de que Fraga se abrió la chaqueta y dijo: "Yo ya no aguanto más... disparen contra mí", secundado por Iñigo Cavero y Fernando Álvarez de Miranda, que también gritaron: "Dispárenme a mí". Los ocupantes lanzaron órdenes tajantes de sentarse, que fueron desobedecidas por Fraga, quien abandonó el salón y al que ya no se le volvió a ver hasta el fin de la ocupación, a las 12.15 de ese día.

Todas esas precisiones figuran en las actas de la ocupación del Congreso, redactadas por los cuatro secretarios de la Cámara (Víctor Carrascal, Leopoldo Torres, Soledad Becerril y José Bono) y conocidas hoy en su integridad, treinta años después de la intentona golpista del 23-F. Ese episodio de amenazas con armas fue el más grave desde los que se produjeron la tarde anterior, primero con los disparos en el interior del salón de plenos, y después con las amenazas con que fue recibido el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, cuando pidió hablar con el jefe de la fuerza ocupante.

Ese es el momento en que los secretarios del Congreso sitúan el grito de un guardia situado en la parte superior derecha del hemiciclo: "Tranquilos, señores; al próximo movimiento de manos, se mueve esto, ¿eh?", señalando la metralleta. "Así que los de las manitas ésas, tranquilos. Eso cuando estén solos. Aquí se ha acabado". Suárez volvió a ponerse en pie: "Yo tengo la facultad, como presidente del Gobierno...", y fue interrumpido por un coro de vocingleros: "!Señor Suárez! "!Se siente, coño!" "!Que se siente!" Rápidamente apareció Tejero, tratando de minar la moral de los secuestrados anunciando a sus guardias: "El general Milans nos manda un abrazo. Ha decretado la movilización general".

Tejero se llevó después a Suárez. Otros ocupantes fueron sacando al vicepresidente, Manuel Gutiérrez Mellado, y a los dirigentes políticos Felipe González, Alfonso Guerra, Santiago Carrillo y Agustín Rodríguez Sahagún, lo cual dio lugar a "un silencio grave", dicen los secretarios del Congreso en su acta, eufemismo que encubre los temores que invadieron a los diputados de que las vidas de sus compañeros corrieran peligro. Fueron obligados a permanecer toda la noche bajo estricta vigilancia, apartados de sus compañeros de encierro y sin que estos supieran qué había sido de ellos, excepto el presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, que consiguió enterarse de que todos seguían en el palacio del Congreso. El propio Lavilla fue objeto del desprecio y zafiedad de Tejero cuando, nada más invadir el hemiciclo, pistola en mano, el presidente del Congreso le preguntó qué ocurría y Tejero le contestó: "!Quítate de ahí!" Todos los miembros de la presidencia del Congreso fueron cacheados por los asaltantes.

Ninguno de los guardias que secundaron a Tejero fueron procesados. Ni los que amenazaron tan gravemente a los diputados, ni tampoco los que zarandearon e intentaron tirar al suelo -sin conseguirlo- al teniente general Gutiérrez Mellado, en los minutos iniciales de la asonada. El juez instructor del 23-F, José María García Escudero, consideró que los pactos con las autoridades, por los que Tejero aceptó rendirse, excluían de responsabilidad tanto a los suboficiales como a los guardias. Ni siquiera el delito de insulto a superior, como fue el caso de los que agredieron a Gutiérrez Mellado, alteró el criterio del juez instructor, que se consideró respaldado por la sentencia definitiva del Tribunal Supremo sobre la causa por la rebelión del 23-F. En sus memorias, el instructor (ya fallecido) explicó que la dirección de la Guardia Civil habría podido expulsar a los guardias indisciplinados con un simple expediente gubernativo, sin necesidad de procesarlos.