Dinero

La Vanguardia - 6/02/2011 - Carles Boix

A fin de cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria del Estado español y los acuerdos tomados por las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de 21 de julio de 2010, la Generalitat de Catalunya se ha comprometido a reducir su déficit al 1,3% del PIB catalán (unos 2.600 millones de euros) a finales de año. Dado que el déficit se sitúa en estos momentos en torno al 3,6% del PIB, el gobierno de Catalunya deberá rebajarlo en unos 4.500 millones de euros, equivalente al 15% del gasto total (excluidos el gasto de organismos públicos).

Para hacer posible este ajuste fiscal, el Govern se propone tomar tres medidas de choque. Primero, reducir el gasto directo en un 10%, es decir, unos 2.500 millones de euros, hasta reconducirlo a los niveles de 2008. Segundo, obtener del Estado unos 1.000 millones de euros en concepto del fondo de competitividad que se pactó en el acuerdo financiero de 2009: una vía cuando menos incierta porque los últimos presupuestos generales del Estado (a los que siempre se supeditó el acuerdo de 2009) no incluyeron partida alguna para aquel fondo. Tercero, hipotecar los hospitales públicos de Catalunya: esa medida requiere el traspaso de su titularidad del Estado a la Generalitat y simplemente pospondrá, en mi opinión, el problema de reducción del déficit.

La situación es de tal gravedad que no seré yo quién se atreva a discutir la necesidad de aprobar medidas drásticas de manera urgente. Ahora bien, no deja de sorprenderme que, al presentar el plan de ajuste, el presidente de la Generalitat haya insistido en atribuir al gobierno anterior el deterioro de las finanzas públicas actual. Es cierto que el gobierno Montilla incumplió los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Si los hubiese cumplido, el déficit actual sería de 4.800 millones de euros y no, como es el caso, de 7.200 millones. No obstante, lo cierto es que, en su mayor parte, el déficit de la Generalitat está directamente ligado al sistema presupuestario del Estado en su conjunto y, muy especialmente, al gravísimo déficit fiscal que tiene Catalunya, es decir a la diferencia entre lo que este país aporta al conjunto de Estado y lo que recibe.

El gráfico adjunto muestra la correlación entre el saldo de la balanza fiscal (la diferencia entre gastos e ingresos de las administraciones públicas en cada territorio autonómico) expresado en porcentajes del PIB regional y la deuda pública autonómica (la suma de todos los empréstitos que ha obtenido cada administración autonómica para financiarse) también como porcentaje del PIB regional. Los datos del saldo fiscal, recogidos en el eje horizontal, provienen de cálculos hechos por la Administración central (estimados de acuerdo con el sistema de flujos monetarios y un reparto del impuestos de sociedades con el criterio de 1/ 3 en función de la distribución territorial de la remuneración de asalariados, de valor añadido bruto y de la inversión) y corresponden al 2005. Los datos de la deuda pública autonómica, indicados en el eje vertical, corresponden al 2010. La relación es indiscutible. Las comunidades con un saldo fiscal negativo (Catalunya, Valencia y Baleares) tienen una deuda pública alta. El resto de las comunidades, cuyos saldos fiscales son o bien positivos o ligeramente negativos, sufren un endeudamiento mucho menor. La explicación de la correlación negativa es evidente: el Estado de las autonomías ha descentralizado la gestión cotidiana de muchos servicios pero ha mantenido un sistema de solidaridad que deja sin recursos suficientes a Catalunya, Comunidad Valenciana y las Baleares. Esta situación obliga a los gobiernos de esas comunidades a endeudarse para hacer frente a una demanda fija de servicios sociales, sanitarios y educativos. (Nótese que el gráfico desvela las comunidaes que, a pesar de ser receptoras netas del Estado, tienen una deuda excesiva y, probablemente, gasto desbocado: Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura.)

El déficit fiscal constituye (junto con el trato al catalán y la indefensión competencial) la razón fundamental del desacuerdo entre Catalunya y España y explica, en definitiva, el programa de transición nacional anunciado por el president Mas. Por esta razón, me preocupa y me duele que el gobierno presente la situación presupuestaria como un simple problema de tesorería causado por la administración anterior. Como dijo hace dos años Rahm Emanuel, ex jefe de gabinete de Obama y futuro alcalde de Chicago, es importante no desaprovechar una crisis económica. La Generalitat ha de utilizar la gran mala noticia del recorte fiscal para decir la verdad y explicar a toda la opinión pública que el ahogamiento de nuestro país tiene un responsable directo: un sistema fiscal que atenta contra los intereses de Catalunya, que ata a este país de cabo a rabo, y que urge deshacer de una vez por todas.