La Vanguardia - 15/06/2011 - José Antich
Sinceramente, siempre pensé que después de la tropelía que cometieron los miembros del Tribunal Constitucional (TC) con el Estatut d’Autonomia y del sonrojo que supuso que hicieran pasar como argumentos jurídicos lo que eran simple y llanamente posiciones políticas del PSOE y del PP para desvirtuar el texto aprobado en referéndum por el pueblo de Catalunya, su nivel de descrédito había tocado techo. Pero, de alguna manera, estaba equivocado.
El último movimiento táctico de tres magistrados presentando la dimisión porque su mandato había finalizado el pasado mes de noviembre y del presidente rechazándolas haciendo uso de sus competencias es impropio de un tribunal sobre el que recae la interpretación de toda la arquitectura constitucional. A ello se añaden dos circunstancias más: un miembro del TC, Roberto García-Calvo, falleció en el 2008 y los partidos no han sido capaces de ponerse de acuerdo en su sustitución y aquí no ha pasado nada. Segundo, ¿puede un vicepresidente del TC decir en su carta de renuncia que hace tiempo que tiene la sensación de “formar parte de un tribunal secuestrado” y no suceder absolutamente nada?
No sé si la renovación de los miembros del Constitucional se producirá antes de las elecciones generales o una vez hayan pasado estas. Tampoco parecen creíbles los pronunciamientos de PSOE y PP reprochándose mutuamente el bloqueo de las negociaciones aun aceptando que los dos partidos tienen gran parte de culpa. Alguien ha sugerido que quizás lo que debería cambiarse es el sistema de elección de sus miembros y que estos, para ganar independencia, tuvieran el cargo de manera vitalicia, como en Estados Unidos. Es una fórmula, pero lo que debe terminar de forma urgente es la politización del tribunal.
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